Entiende la ley: Intercambio de información para fines fiscales  por Ramsés Owens, Abogado en Panamá
19 dE enero dEl 2017

Entiende la ley: Intercambio de información para fines fiscales

Que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición.

Seguidamente presentamos un resumen de los aspectos más importantes a tomar en cuenta de la Ley 51 de 2016, la cual establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales, misma que fue promulgada mediante Gaceta Oficial No. 28149-B del 28 de octubre de 2016.

1. La Autoridad Competente con facultad para solicitar y recabar la documentación e información de tipo fiscal de parte de las fuentes públicas (entidades estatales de Panamá), de las fuentes privadas (personas naturales y jurídicas de derecho privado panameñas) y de las instituciones financieras panameñas, lo es el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante el “MEF”).

Sus facultades incluyen las de supervisar y fiscalizar a las instituciones financieras panameñas en lo que corresponde al proceso de reporte contemplados por esta Ley, lo cual deberá ser reglamentado. Para ello podrá celebrar acuerdos con los entes reguladores de las entidades financieras con el fin de ejecutar dicha facultad. Así mismo, podrá realizar inspecciones in situ para garantizar la entrega de la información requerida.

2. La labor del MEF, así como la asistencia que reciba de los entes reguladores de las instituciones financieras, se rigen por la confidencialidad. Por ello, los funcionarios públicos están obligados a guardar estricta reserva respecto a la información y documentos a los que tengan acceso en el desempeño de esta función. Esto solo podrá ser revelado a autoridad competente en condiciones expresamente establecidas en la Ley. Esta obligación se mantiene incluso una vez cesadas sus funciones.

El incumplimiento de lo anterior por parte de los servidores públicos será considerado una falta administrativa grave y seguirá el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que le corresponda.

3. Las instituciones financieras deberán establecer políticas, procedimientos y estructuras de control interno para asegurar el cumplimiento de esta norma. Así mismo, el proceso de debida diligencia que efectúen deberá hacerse siguiendo lo establecido por el Anexo 1 del IGA aprobado por Panamá (Ley 47 de 2016).

La forma y plazo para los reportes será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Adicionalmente a lo anterior, las instituciones financieras panameñas deberán hacer la debida diligencia y reporte al MEF sobre:

  • Nombre, dirección, residencia, Número TIN (número de identificación de contribuyente), fecha y lugar de nacimiento o constitución de la persona reportable.
  • Número de cuenta o elemento funcional equivalente.
  • Nombre y número de identificación de la institución financiera panameña sujeta a reportar.
  • En los casos en que no se trate de cuentas de depósito o cuentas en custodia, se requiere del monto bruto total pagado o acreditado al cuentahabiente respecto a la cuenta durante el año calendario, incluyendo el importe total por cualquier pago por redención realizado durante dicho año. 

El Órgano Ejecutivo determinará las excepciones aplicables a lo anterior y definirá los conceptos.

4. El proceso de debida diligencia será sobre todos los cuentahabientes que sean residentes, para efectos fiscales, de cualquier jurisdicción distinta de Panamá.

Los reportes podrán ser realizados por las instituciones financieras a través de terceros, siempre que las regulaciones particulares aplicables a su actividad no lo prohíban. En todo caso se mantendrá la confidencialidad y responsabilidad por parte de la institución financiera. Esto será reglamentado por el Órgano Ejecutivo, al igual que los plazos y formas de envío.

Las fuentes públicas y privadas, incluyendo a las instituciones financieras, están obligadas a dar respuesta, dentro del término establecido, a los requerimientos del MEF. El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento para el intercambio de información.

5. Las instituciones financieras mantendrán todos los registros de información y documentación obtenidos y creados para dar cumplimiento a esta norma hasta por cinco (5) años, lo cual se contabilizará a partir del 1 de enero del año siguiente al periodo que se debió reportar.

Si la institución financiera observa que para determinado año calendario no se presenta ninguna cuenta financiera identificable como cuenta reportable, deberá presentar una declaración señalando que no mantiene cuentas reportables para dicho periodo.

6. La información y documentación recibida por el MEF por motivo de lo dispuesto por esta ley será de carácter confidencial, secreto y de uso exclusivo y privativo de dicha Autoridad, y solo trascenderá para dar cumplimiento a la misma ley y a los convenios suscritos.

La información y documentación se conservará en las oficinas del MEF, y será destruida transcurridos siete (7) años de haber sido recibida y/o utilizada.

La confidencialidad se aplica también a los colaboradores de las fuentes privadas (incluidas las instituciones financieras) encargados de preparar y enviar la información y documentación, quienes solo podrán revelarla al MEF en las condiciones establecidas en la Ley. La violación a lo anterior implicará sanciones para la fuente privada de acuerdo con la Ley, e igualmente se aplicarán las sanciones civiles y penales a las personas naturales autoras de los actos.

La entrega de información que se haga al MEF por parte de la fuente privada, sus dignatarios, directores, empleados o representantes no constituye violación al secreto profesional ni a las restricciones sobre revelación de información.

En caso de que la actividad realizada por la fuente privada tuviese como objeto el evitar las obligaciones establecidas en esta Ley, se entenderá que la fuente privada es sujeto de las obligaciones como si no hubiese realizado tal actividad.

7. El MEF aplicará las sanciones por lo siguiente:

  • No entrega de documentación o información dentro del plazo establecido.
  • Violación a obligaciones de confidencialidad de parte de la fuente privada o de terceros que actúen en su nombre.
  • Inclusión de información falsa.
  • No aplicación correcta de los procesos de debida diligencia de acuerdo con esta Ley.

Para ello se tomará en cuenta la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud del daño, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos.

Se podrán aplicar sanciones progresivas en los casos de actos violatorios que perduren en el tiempo.

El MEF aplicará las siguientes sanciones pecuniarias a la fuente privada (incluidas las instituciones financieras) que no cumpla con la entrega, dentro del plazo, de la documentación e información:

  • Multa de Diez Mil Balboas (B/.10,000.00) hasta Quince Mil Balboas (B/.15,000.00) cuando se entregue menos de la información requerida por causas imputables a ésta dentro del plazo otorgado.
  • Multa de Quinientos Balboas (B/.500.00) por cada día transcurrido, después de vencido el plazo otorgado para entregar la información o documentación, cuando no se haya cumplido con la entrega de la totalidad de lo requerido.

En caso de que el MEF requiera que la información y documentación entregada sea aclarada o corregida, otorgará un plazo adicional para ello. Esta solicitud de aclaración o corrección será tratada como un nuevo requerimiento para efectos de la aplicación de sanciones.

Por su parte, los entes supervisores aplicarán las siguientes sanciones a las instituciones financieras que incumplan las obligaciones:

  • Multa de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) hasta Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00), cuando la institución financiera no haya establecido las políticas, procedimientos y estructuras de control interno.
  • Multa de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) hasta Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00), cuando la institución financiera no lleve a cabo el proceso de debida diligencia indicado en esta norma y los reglamentos.
  • Multa de Diez Mil Balboas (B/.10,000.00) hasta Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00), cuando la institución financiera, una vez llevado a cabo el proceso de debida diligencia, detecte una cuenta reportable y omita realizar el reporte o incluya información falsa.
  • Multa de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) hasta Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00), cuando la institución financiera no realice la presentación del reporte que aplica en los casos en que ninguna cuenta financiera sea identificable como una cuenta reportable.
  • Multa de Diez Mil Balboas (B/.10,000.00) hasta Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00) cuando la institución financiera no mantenga los registros de información o documentación que hubiesen sido creados para los propósitos de esta ley, mismos que deben mantenerse hasta por cinco (5) años. Este plazo se contará a partir del 1 de enero del año siguiente al periodo en el que se tenía que reportar la información requerida.

 

En conclusión, para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley, es primordial estar atento a las reglamentaciones que pueda adoptar el Órgano Ejecutivo y el Ente Regulador de cada actividad.

Esto también permitirá confirmar las entidades a las que se les aplicará, pues la Ley no señala expresamente quienes son los sujetos regulados, sino que se refiere de manera muy amplia a las actividades. No obstante, todo indica que las fiduciarias estarán incluidas. 

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